En respuesta a la creciente ola de violencia vinculada al narcotráfico en Rosario, la Legislatura de Santa Fe ha aprobado una serie de reformas al Código Procesal Penal. Estas modificaciones, diseñadas para empoderar tanto a las fuerzas policiales como a los fiscales, tienen como objetivo principal recuperar el control en las investigaciones criminales.
El pasado miércoles 27 de marzo, los Senadores y Diputados de Santa Fe votaron casi por unanimidad a favor de la reforma del Código Procesal Penal, que había estado en vigor desde 2014. Esta actualización, que implica la modificación de 48 de los 460 artículos totales, otorga nuevas herramientas para abordar la inseguridad, según destacó el diputado oficialista, Dionisio Scarpin.
Entre las reformas más significativas se encuentra el fortalecimiento de la prisión preventiva, que ahora se extiende hasta 96 horas, duplicando el plazo anterior. Para delitos más complejos, como los asociados al narcotráfico, este plazo puede prolongarse hasta 15 días, proporcionando así más tiempo para las investigaciones judiciales.
Además, el nuevo Código Procesal Penal incorpora técnicas especiales de investigación, como el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas, aprobadas a finales de 2023. Estas medidas buscan reforzar la capacidad de las autoridades para recopilar pruebas en casos relacionados con el narcotráfico, contribuyendo así a una mayor eficacia en la lucha contra este flagelo.
Por otro lado, se destaca la participación del querellante en las audiencias imputativas, permitiéndole formular preguntas al imputado y dirigirse al Tribunal. Además, los juicios abreviados ahora pueden solicitarse en cualquier etapa de la investigación penal preparatoria, siempre y cuando exista acuerdo entre el fiscal, el imputado y su defensa.
Críticas y Controversias: A pesar de estas reformas, algunas voces críticas, como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), cuestionan ciertos aspectos de la iniciativa impulsada por el exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Según el INECIP, la extensión de los plazos para el control judicial de las detenciones y la limitación de la oralidad en la investigación podrían generar ineficiencias y abusos por parte de las autoridades.
Para el INECIP, la política de detención masiva no aborda la raíz del problema y podría fomentar prácticas policiales abusivas. Reducir el control judicial sobre las detenciones, argumentan, podría dar lugar a detenciones arbitrarias y desincentivar la realización de investigaciones exhaustivas.
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